En diciembre pasado, el Gobierno ya había aumentado del 24,7% al 30% las retenciones a la oleaginosa, además del 6,7% al 12% los derechos de exportación en trigo y en maíz. El Gobierno tenía el aval del Congreso para incrementarlas otros tres puntos. Ayer, los dirigentes de la Mesa de Enlace –que conforman Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria (FAA), Coninagro y la Sociedad Rural Argentina (SRA)– avanzaron telefónicamente en la definición de la protesta. Hubo contactos para acordar un comunicado con una postura común. Pero al cierre de esta edición tenían dificultades con la redacción, no solo por las palabras a emplear, sino porque en la FAA había una larga ronda de consultas y una puja interna con sectores que resistían la protesta.

“La Sociedad Rural Argentina decidió convocar a un cese de comercialización de granos y hacienda en pie desde las 0 horas del lunes 9 de marzo hasta las 24 horas del jueves 12 de marzo del corriente, en respuesta al aumento de los derechos de exportación anunciado por el Gobierno en estos días y formalizado esta mañana [por ayer] en el Boletín Oficial”, dijo la entidad en un documento firmado por su presidente, Daniel Pelegrina.

“Los productores no estamos en condiciones de seguir asumiendo más carga tributaria, que se suma a una presión impositiva ya de por sí asfixiante. Esta presión creciente no solo afecta nuestra realidad económica, sino también la de la ruralidad en su conjunto comprometiendo seriamente la actividad de pueblos y ciudades del interior, poniendo en jaque a innumerables pymes agropecuarias, comerciales e industriales de todo el país y destruyendo empleo directo e indirecto”, agregó el texto de la Rural.

Según Pelegrina, el cese de comercialización “no provocará aumento de precios ni desabastecimiento”.

Por la mañana, CRA, donde sus confederadas venían insistiendo desde hace varios días por ponerle fecha a una protesta del campo, fue dura. En un comunicado, le dijo al Gobierno: “Nos vemos en las rutas”.

“Una vez más, los productores agropecuarios de todo el país, nos vemos empujados a tomar medidas en defensa de la condición más dignificante del alma y del nombre como tal, nuestro trabajo. Pasan los tiempos, cambian los actores, las situaciones, la dialéctica (si era soberanía, seguridad alimentaria o solidaridad); pero la respuesta de los gobernantes sigue siendo la misma, frente a su incapacidad de solucionar los temas estructurales, y se repite en nuestra historia como si obedeciese a leyes naturales. Retenciones, derechos de exportación, en definitiva, más impuestos”, remarcó la entidad que preside Jorge Chemes.

CRA es la entidad de productores que más contacto tiene con los productores autoconvocados en el interior del país. En las últimas semanas, creció la presión tanto de esos productores como de sus confederaciones adheridas para avanzar en un cese de comercialización. Carbap, que integra CRA, amenazó que si CRA y la Mesa de Enlace no hacían un cese de comercialización lo iba a llevar adelante por su cuenta.

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, señaló que el paro del sector expresa “la disconformidad” por el incremento de las retenciones a la soja. Agregó que entre las bases hay un “problema de confianza” hacia el Gobierno y también opinó que “la mayoría de las economías regionales se sienten abandonadas porque no hay crédito”.

Como Pelegrina, Iannizzotto indicó que la medida de fuerza no ocasionará problemas para la población. “No va a afectar la paz social”, expresó en el canal TN el presidente de la entidad, que agrupa a unos 150.000 productores.

Entre otras repercusiones, los exportadores agrupados en la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec) criticaron la suba del 30 al 33% para los subproductos de la soja, como la harina y el aceite de soja, rubros donde la Argentina es líder mundial en la exportación. Dijo que esto castiga “la industrialización, el empleo y la mayor generación de divisas para el país al ser el primer sector exportador nacional y líder mundial en estos productos procesados”.

“El Gobierno ha establecido derechos de exportación inferiores, que las materias primas, para la harina de trigo, de maíz, maní procesado, pescados procesados entre otros, apostando a generar empleo y mayores exportaciones de productos industrializados. Es por ello que proponemos que el gobierno aplique un tratamiento impositivo igualitario para poder recuperar la fortaleza de la industrialización de soja en nuestro país”, señaló Ciara-CEC.

Al margen del incremento de las retenciones a la soja, el Gobierno formalizó bajas en los derechos, entre otros del 12 al 7% para el girasol, del 9 al 7% para la harina de trigo y al 5% para productos de economías regionales. El maní pasó del 12 a 7%. La Cámara Argentina del Maní (CAM) hizo conocer la “satisfacción” del sector por la reducción de la alícuota. En tanto, si bien al cierre de esta edición no se había pronunciado FAA, Fecofe, una entidad vinculada, dijo que no hará el cese de comercialización.

La Nación – Fernando Bertello