El ministro Buryaile dice que quiere llegar a un consenso entre los productores y la industria
El Gobierno está dispuesto a introducir cambios en su proyecto de ley de semillas, pero siempre que haya un consenso en el sector privado (las entidades del agro y la industria semillera) sobre las modificaciones a aplicar y que se respete que el poder de control siga en manos del Estado. Así lo expresó a LA NACION el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, en el marco de la Exposición Rural de Palermo.
"La ley tiene que ser por consenso mayoritario, ojalá sea unánime", señaló el funcionario. Consultado sobre si aceptaría cambios en el proyecto oficial, indicó: "Si hay acuerdo de partes, y con la salvedad de que el único poder de policía es del Estado".
La ley vigente, de 1973, se puso en marcha cuando no existían los cultivos transgénicos y cuando la soja cubría una superficie mínima. Esa norma, además, le dio al productor la potestad irrestricta de hacer uso propio de su semilla. Es decir, cosechados la soja o el trigo, guardarse una parte como semilla para volver a sembrar en la campaña siguiente. Por sus características, el productor sólo puede hacer esto con la soja y el trigo. En maíz y girasol, donde no se puede hacer uso propio por las características de las semillas, todos los años debe comprar las semillas a la industria.
En agosto de 2016, Agroindustria presentó en el Congreso un proyecto que, entre otras cosas, acota el uso propio. Su iniciativa expresa que tras la compra de la semilla el productor deberá pagar por tres campañas más por la semilla que se reserve para uso propio. En cambio, si en la nueva siembra se reserva más de lo inicial, deberá pagar sin límite de tiempo.
El Gobierno exceptuó del pago a "aquellos agricultores inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar y a los pueblos originarios que, en el contexto de prácticas de agricultura familiar o en un ámbito agrícola comunitario tradicional, intercambien o vendan entre ellos semillas u otro material de propagación".
El proyecto del Gobierno llegó luego de que, para asegurarse el pago de un canon por su soja Intacta, Monsanto implementó un sistema de control a los granos de soja en los puertos. Tras una pelea con la empresa, el Gobierno emitió una resolución, aún vigente, por la cual el mismo Estado hace los controles.
Pese a que Agroindustria presentó su proyecto de ley, en el Congreso sólo hubo dos reuniones informativas, pero no se avanzó en el tratamiento parlamentario. Ahora, Buryaile dijo que acepta cambios. "Vamos a tratar de que salga la ley", indicó.
En junio pasado, entidades del agro y la industria semillera estuvieron con el ministro comentando los avances que el sector está teniendo en la mesa de negociación. Allí, por ejemplo, hubo un principio de entendimiento para que se acote la figura del uso propio tal cual se conoce hoy y se haga un pago.
"Los vamos a volver a convocar", anticipó el ministro. Dijo que en la medida en que el mismo sector privado tenga "avances", eso se podría "plasmar en la ley".
El funcionario indicó que Guillermo Bernaudo, actual jefe de Gabinete de Agroindustria, pasará a ser presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase).
La Nación – Fernando Bertello