Piden la suspensión del remate; el Gobierno se opone
La decisión del Gobierno de poner en venta 8267 hectáreas del establecimiento del Ejército General Paz de Remonta, ubicado en Ordóñez, Córdoba, generó un cruce entre entidades del campo y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que ratificó el proceso, que tendrá una primera subasta el mes próximo. El viernes pasado la Federación Agraria Argentina (FAA) pidió suspender esa venta tras una asamblea que realizaron productores de la entidad en la tranquera de acceso al establecimiento militar. Luego, desde Coninagro se quejaron de que no hay créditos a largo plazo para que los productores puedan comprar esas tierras y solicitaron mejores condiciones.
El Estado subastará en ese campo 47 lotes de entre 50 y 370 hectáreas y espera recaudar unos US$ 100 millones. La primera venta está prevista para el 9 del mes próximo.
"Los chacareros no podemos competir de igual a igual con grandes empresas, inversores, fideicomisos, pools de siembra o capitales extranjeros. Por eso decimos que la subasta no es el mecanismo para asegurar que los pequeños productores puedan acceder a la tierra ni garantizar un modelo sustentable ambientalmente y que genere desarrollo", dijo FAA.
Esta entidad pidió que las hectáreas de ese campo sean "destinadas al desarrollo territorial de la zona". E insistió en que las condiciones que fijó la AABE "no aseguran" que los pequeños productores puedan participar de la subasta.
La AABE había informado que para evitar la concentración de lotes en cabeza de un mismo comprador estableció límites de adquisición de cinco lotes para el caso de que el interesado fuera una cooperativa del agro y de dos lotes para los restantes tipos de interesados. También comunicó que había financiamiento del Banco de la Nación Argentina y del Banco de Córdoba. Para un lote chico, de 69 hectáreas, se puso como valor base de compra 883.903,68 dólares. En tanto, para la subasta de 371 hectáreas se estableció un precio base de 3.453.940,13 dólares.
Marco Giraudo, consejero nacional de Coninagro por Córdoba, se sumó a la polémica. Dijo que los créditos de esos bancos son de 6 a 7 años y que los pequeños productores necesitan plazos más largos para comprar esos lotes. A valores actuales, un pequeño productor necesitaría más de $ 20 millones para adquirir 100 hectáreas. "El Gobierno tiene voluntad de vender a lo que hoy está la plaza [el mercado], pero eso para el pequeño productor es imposible de comprar", dijo. "Harían falta créditos extraordinarios, especiales, a 30 años con 6 a 7% anual", agregó.
Según el referente de la entidad, "no hubo voluntad" para mejorar el acceso de los productores más pequeños. "Van a terminar comprando los productores grandes, AGD, Arcor, que tienen capacidad, espaldas y miles de millones. No vimos voluntad para que eso fuera a los productores chicos", remarcó.
Este dirigente sostuvo que en su momento se planteó que los préstamos de los bancos garantizaran una posibilidad real de compra de tierra. "El camino no es suspender la subasta [como pidió FAA]. El camino es encontrarle la vuelta para el pequeño productor", indicó Giraudo.
En tanto, desde la AABE mostraron su sorpresa por la reacción ruralista. "La subasta sigue en pie y se va a realizar. En las condiciones del pliego se tuvieron muy en cuenta las opiniones de la Federación Agraria, Coninagro y Cartez (entidad del agro con base en Córdoba). Tomamos con sorpresa lo que dice la Federación Agraria porque lo hicimos con ellos. No entendemos por qué piden suspender la subasta", dijo una fuente.
La Nación – Fernando Bertello