La controversia por la venta de 8.500 hectáreas en Ordóñez no cesa. La respuesta desde la Aabe no fue conciliadora: acusó a la FAA de “doble discurso”.
El Gobierno nacional está dando los últimos pasos para sacar a remate los primeros 20 lotes del campo La Remonta, ubicado cerca de la localidad de de Ordoñez, en el sudeste de la provincia de Córdoba.
Recientemente flexibilizó algunos requisitos a pedido de la Federación Agraria Argentina (FAA), pero desde esa entidad rural sostienen su rechazo a la metodología y anuncian que se manifestarán el 9 de noviembre en Bell Ville, frente a dónde se hará la subasta.
El presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), Ramón Lanús, pidió que los federados dejen de lado “el doble discurso” entre lo que dicen en las reuniones con el gobierno y lo que manifiestan públicamente.
Del otro lado, Germán Font, director del Distrito 5 de FAA, dijo que en el gobierno “están muy cerrados a escuchar” y evalúan presentar un amparo para frenar la subasta, ya que la consideran prohibitiva para el acceso de los pequeños productores a esas tierras.
Los detalles
Cabe recordar que la Aabe dispuso subastar, en primer término, 20 lotes de entre 50 y 150 hectáreas, que forman parte de la sección norte del campo La Remonta, que suman 8.500 hectáreas pertenecientes al Ejército, situado sobre ruta provincial 6, cerca de Ordoñez.
Después del remate previsto para el 9 de noviembre a las 11 horas en la Sociedad Rural de Bell Ville, habrá otro el 7 de diciembre en el mismo lugar con los restantes 27 lotes de la sección sur, que son los de mayor tamaño.
Lanús explicó que hasta el 31 de octubre se pueden inscribir los interesados en la Sociedad Rural de Bell Ville, depositando una caución de 20.000 dólares, que es poco más del valor de dos hectáreas, según el precio base. En Buenos Aires, la inscripción es hasta el 2 de noviembre, una semana antes del remate.
Visión oficial
“Son tierras caras, de mucho valor. Es nuestra responsabilidad ponerlo a la venta a valor de mercado”, dijo el funcionario sobre la base de 9.000 dólares que se fijó por hectárea.
Agregó que, por las dimensiones de los lotes y el financiamiento al que se puede acceder a través de los Bancos Nación y Córdoba, están destinadas a pequeños y medianos productores.
En ese sentido, dijo estar sorprendido por las manifestaciones de rechazo de la FAA. “En privado valoraban el esfuerzo del Estado para que participen pequeños productores. Muchos requisitos son fruto de conversaciones con ellos”, dijo, como que nadie pueda comprar más de dos lotes y que las tierras subastadas no se puedan revender por 10 años.
“Creemos que debe decirse la verdad, no tener doble discurso”, declaró. Insistió en que recientemente se hicieron modificaciones relevantes, como generar lotes más chicos y reducir entre un 10 y 15 por ciento el valor base de subasta, quedando por debajo de lo que se paga por una hectárea en esa zona.
Negó también que hubiera grandes consorcios de siembra inscriptos para comprar. “Esas empresas que buscan fracciones grandes pierden interés en esto por el límite a la compra de lotes. No hay ninguna anotada”, afirmó.
Posición federada
Por su parte, Font consideró que la metodología de la subasta hace perder la oportunidad de colonizar con 85 nuevos productores en predios de 100 hectáreas cada uno, y pidió que las tierras “sean para el que las trabaje”. Opinó que con la subasta “se las sacarán al Estado para dárselas a grandes grupos”.
“Los sujetos agrarios que defendemos no tienen ninguna posibilidad de acceder. En una subasta gana el que más paga y ningún productor tiene hoy un millón de dólares”, afirmó.
Asimismo, cuestionó los plazos y las tasas del financiamiento acordado con los bancos oficiales. Puso como ejemplo que quien compre una parcela de 60 hectáreas debería devolver por año tres millones de pesos en cuotas, mientras que la rentabilidad obtenida cultivando solamente soja sería de 200.000 pesos por año, calculó.
Los federados proponen arrendamientos por unidades productivas a precios promedios de la región, a valor producto, promoviendo ciertas producciones como lechería y ganadería.
Font confirmó que seguirán con las asambleas y no descartan ir a la Justicia para frenar el remate. “Una vez hecho, nos vamos a lamentar”, concluyó.
La Voz del Interior - Andrés Ferreras