Confederaciones Rurales difundió casos supuestamente ocurridos en el norte de Córdoba de productores que recibieron cartas documento por parte de agentes que amenazan con acciones legales.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió un comunicado en el que difundió casos denunciados por la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM) sobre productores que estarían recibiendo intimaciones por parte de agentes no oficiales, que amenazan con acciones legales en caso de que no les declaren sus reservas de semillas.

El texto publicado por CRA en su página web desliza que las empresas proveedoras de biotecnologías estarían detrás de esta movida y recuerda, en ese contexto, que el origen de la semilla y la reserva de la misma sólo debe informarse ante el Instituto Nacional de Semillas (Inase).

“Ese organismo es el único ente facultado para exigir este tipo de información, razón por la cual no corresponde brindar datos privados a empresas multinacionales -o a sus agentes intermediarios- que muchas veces insisten mediante notificaciones intimidatorias, amenazas y cartas documento”, remarcó la entidad confederada.

Idas y vueltas

Según CRA, esto constituye un capítulo más de la polémica que comenzó varias campañas atrás cuando las empresas que desarrollan eventos genéticos y germoplasmas empezaron a presionar por el cobro de las tecnologías.

Así nació la obligación de reportar al Inase cuánta semilla nueva se compra, cuánta se reserva para uso propio, y de qué variedades; todo con el respaldo de las facturas de compra y las bolsas correspondientes.

“Ahora bien, existen empresas y organismos no oficiales a la par del Inase, que están reclamando al productor esa misma información mediante notificaciones intimidatorias cual Afip. Al menos, así lo denunciaron varios productores del norte de Córdoba que se acercaron hasta la SRJM”, indicó CRA.

Según la entidad, una de las productoras que recibió estas notificaciones, a la que no identificó, dijo que “son empresas privadas, que seguramente les pagará Monsanto o no sé quién, y llegan al punto de mandarte intimaciones para que vos te asustés. Hay un montón de productores que no saben y mandan esa información, pero claramente no son empresas autorizadas por el Estado".

Otro productor, también anónimo, consideró –siempre según la versión de CRA– que “es una persecución a los productores. Incluso, la empresa Monsanto está contratando a ingenieros agrónomos y los está mandando a los campos para inspeccionar, pese a que no tienen el poder de la policía para ingresar. Es una información privada que no tenemos la obligación de dársela".

La Voz del Interior

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